El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, una organización no gubernamental fundada en 1988 por la Compañia de Jesús en México, una orden católica reconocida por su estricta formación, ha publicado un valioso informe de observación (del 3 al 10 de mayo) de los deplorables acontecimientos ocurridos en San Salvador Atenco, Estado de México.

El informe, en un primer momento, sitúa los antecedentes más importantes como son la lucha iniciada en octubre de 2001 en contra de la expropiación de 5 000 hectáreas en zonas agrícolas para la construcción de un aeropuerto, así como el acuerdo político entre el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el gobierno del Estado de México y el gobierno de la República.

La parte medular del documento se constituye por la contrastación del fundamento legal con los testimonios de personas victimas de violencia y vejación. Los testimonios fueron obtenidos tras constantes visitas a San Salvador Atenco, al Hospital López Mateos, así como al penal de Santiaguito.

Para finalizar, el informe llega a una serie de interesantes conclusiones que prueban el caracter de actor político del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra; el uso excesivo de la fuerza policiaca; y la detención y allanamiento de morada indiscriminadas.

En este sentido, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez exige una serie de medidas indispensables que deben seguir las autoridades implicadas en los hechos: liberación de las personas detenidas; la renuncia de mandos jerárquicos; el esclarecimiento de los hechos por medio de una investigación puntual acompañada de un informe oficial; "la justicia integral para las víctimas de violaciones a derechos humanos"; además de una revisión de los criterios para el uso de la fuerza pública.